Partiendo de la premisa de que la
actual constitución de la República fue aprobada mediante CONSULTA POPULAR,
todo su texto mantiene una importante solides polÃtica – institucional.
En esta constitución y bajo ese
amparo popular se trata con bastante precisión el hecho de una nueva consulta
popular como lo están sugiriendo algunos sectores que comprometen también al
Presidente de la Republica.
La consulta popular se aplica de
conformidad con los principios de lo llamado DEMOCRACIA DIRECTA (Art 103, Titulo
IV, Sección Cuarta C.R.E.) siendo el organismo electoral correspondiente (sic)
quien debe convocar por disposición de la Presidenta o Presidente de la
Republica, la máxima autoridad de los gobiernos autónomos o de la iniciativa
popular, (Art. 104, idem), cada cual con su consulta de conformidad con su
autoridad como lo detalla el Art. 104. Sin embargo tiene que obligatoriamente
contar con el dictamen de la Corte Constitucional que tiene que ser requerido
para su efecto legal.
Como se observará en el párrafo
siguiente del Art. 104 en referencia “La Presidenta o Presidente de la
Republica dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta
popular sobre los asuntos que estime conveniente.”
Tremenda responsabilidad que
tiene el Presidente actual que puede escuchar los cantos de sirena de la
derecha y oligarquÃa nacional que pretende hacer una consulta por consulta que
vaya directo a golpear las instituciones y organismos que existen en la
Constitución de la Republica para desmovilizar o eliminar dichos organismos en
especial el de Participación Ciudadana y otros que sirven para elegir
democráticamente a los funcionarios, hoy bien o mal elegidos, pero que como se
ha comprobado tienen que responder ante la justicia por los delitos perpetrados
que se les acusa.
Recordemos que la derecha
ecuatoriana y las oligarquÃas seccionales, territoriales, bancarias,
industriales, etc. no apoyaron ni estuvieron nunca de acuerdo con la actual
constitución del 2008 y que ahora pretenden hacerla suya en lo que puedan para
desmontarla y sacrificarla apuntando a terminar con el Consejo de Participación
Ciudadana, la Ley de Comunicación, la Ley Orgánica de Cultura y todo lo que a
la derecha le permita recobrar las prerrogativas del sistema neoliberal en el que
eligieron a dedo a jueces, magistrados o cercaron la Corte de Justicia con
tanquetas y el ejército para imponer un listado de magistrado o jueces.
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